El proyecto para adherir al régimen de ART que impulsó el macrismo en 2017 sigue dando vueltas en la Legislatura santafesina. Con media sanción por unanimidad en el Senado, los diputados de los bloques mayoritarios del Frente Progresista y del justicialismo no logran ponerse de acuerdo y la ley podría empantanarse nuevamente.

El nuevo régimen cuenta con el apoyo unánime del empresariado nucleado en el Consejo de Entidades Empresarias de la Producción de Santa Fe y de los gremios industriales quienes aseguran que la provincia pierde competitividad respecto al resto de los distritos de la zona núcleo.

Según las entidades patronales, mientras el promedio de alícuotas a nivel nacional son del 2,78%, en Santa Fe se eleva al 4,06%; generando un sobrecosto de 358 millones de pesos mensuales, además de la alta litigiosidad que hicieron colapsar a los juzgados laborales locales.

Durante los más de tres años de discusión, el proyecto fue incorporando distintas modificaciones como la creación de 13 comisiones médicas entre fijas y móviles cuando el expediente original contemplaba solo dos para toda la provincia y el acceso asegurado mediante asistencia letrada de los trabajadores a todos sus derechos, afirman los defensores del expediente que tuvo media sanción por unanimidad de todos los bloques en la Cámara Alta.

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Ahora, la controversia en Diputados gira en torno a los efectos que tiene que tener el recurso de apelación del trabajador cuando no está de acuerdo con el dictamen de la Comisión Médica y decide avanzar en la instancia judicial donde hay dos posiciones:

El primero, que fue aprobado en el Senado, prevé un efecto suspensivo del cobro del monto que defina la Comisión Médica hasta tanto se resuelva el pleito en los tribunales mientras que la otra posición, quiere modificar el artículo 12 para que el efecto sea devolutivo y el trabajador pueda percibir esa suma y continuar con el juicio.

"Lo que hay que entender es que el único objetivo que persigue esta ley es el de ordenar los reclamos y bajar la litigiosidad que en muchos casos es fraudulenta. Hoy un trabajador que tiene un accidente o una enfermedad laboral y va a juicio, tarda entre 4 a 5 años la resolución", explicó en diálogo con La Política Online, Walter Andreozzi, secretario de la Federación Industrial de Santa Fe -FISFE-.

 Lo que hay que entender es que el único objetivo que persigue esta ley es el de ordenar los reclamos y bajar la litigiosidad que en muchos casos es fraudulenta 

Entre los empresarios aseguran que de prevalecer el segundo criterio, que permite que el trabajador cobre el dictamen de la Comisión Médica e igual pueda continuar con el juicio produciría un efecto contrario al objetivo, que crezcan los litigios laborales: "van a terminar alentando los juicios", se quejó el titular de una empresa.

La discusión no se va a saldar sencillamente ya que "hay mucha tensión hacia adentro de todos los bloques", señaló el diputado del Frente de Todos, Leandro Busatto quien contó que en la comisión de Asuntos Laborales se elaboraron tres dictámenes; uno para que se apruebe el proyecto que tiene media sanción en el Senado.

El otro establece el criterio devolutivo de los efectos, que haya participación de los trabajadores y se amplíe el plazo para poder ir a la justicia mientras que el tercer dictamen directamente rechaza la reforma.

El único interbloque que está encuadrado en la defensa del proyecto que tuvo media sanción es el de Cambiemos mientras que en el peronismo y el Frente Progresista dependerá de las voluntades que puedan cosechar Omar Perotti y el socialista Miguel Lifschitz en sus respectivos espacios.